Convocar y participar en un paro académico ya no irá ligado al riesgo de suspender una asignatura o perder la oportunidad de realizar un examen de cualquier grado universitario. Era una reivindicación clave de los estudiantes que por fin han conseguido que sea trasladada en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) -también conocida como 'ley Castells' por su impulsor, el anterior ministro Manuel Castells- que tanto está costando consensuar. 

Se trata de un compromiso suscrito este miércoles por el ministro de Universidades, Joan Subirats, durante la reunión mantenida con el colectivo de estudiantes CREUP y CEUNE. Según han informado ambas partes a 20minutos, Subirats ha accedido a incluir el derecho a manifestación en la LOSU, cuyo texto todavía está siendo sometido a negociación con la comunidad universitaria para enviarlo al Congreso de los Diputados antes de verano. 

Actualmente, el paro académico y las movilizaciones no están entre los derechos de los universitarios. "El paro académico ha sido una reivindicación histórica. [Subirats] nos ha asegurado que se introduce el derecho en la ley", celebra a este diario Nicolás Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Lo que pedían era tener reconocido algo similar al derecho a huelga, ya que al no ser trabajadores no quedan amparados por el mismo. 

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"Cuando queríamos reivindicar lo hacíamos corriendo el riesgo de suspender, perder pruebas de evaluación, etc. Lo que queremos garantizar es que el estudiante pueda protestar sin que se le penalice con una falta de asistencia ni se le impida hacer pruebas", asevera el presidente de CREUP. 

Con condiciones

Eso sí, habrá una serie de condiciones que deberá cumplir el derecho al paro académico. Según detallan fuentes del Ministerio de Universidades, tendrá que haberse declarado el paro por el órgano de representación estudiantil legitimado, con un "quórum determinado" para adoptar la decisión, habiendo avisado a las autoridades previamente, constituido un comité de paro y formalizadas todas y cada una de las reivindicaciones que se exigen. 

"Es muy relevante que, aunque algunas universidades ya lo reconocen en su normativa interna, este derecho tenga ahora amparo en una norma con rango de ley", destacan desde el departamento de Subirats. 

Con este acuerdo y tras una reunión que el colectivo de estudiantes califica de "positiva", Subirats estrecha de alguna forma la relación entre su Ministerio y el estudiantado, que tambaleó con la aprobación de la Ley de Convivencia Universitaria.  

Lo hace no solo con el reconocimiento de este derecho, sino también con el fortalecimiento de la participación estudiantil dentro de las comisiones o las titulaciones. No han conseguido, no obstante, que se aumente su representación en los órganos de gobernanza, que quedó en un 25% en el último borrador de la ley, y no en de "al menos un 30%", como pedían los estudiantes.