El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo que, entre otras misiones, coordinará situaciones de emergencia sanitaria como la pandemia de coronavirus. Hasta ahí, todo correcto para las comunidades. El cisma se ha generado por su ubicación, después de que el Gobierno central haya apartado a Madrid de la carrera por el destino del centro. En la capital no han encajado bien el anuncio y defienden que es "la consecuencia del odio que siente Pedro Sánchez por los madrileños. Sencillamente, porque no lo apoyan, aquí apoyan a Isabel Díaz Ayuso y al PP y el PSOE está donde está".
Así lo piensa el consejero de consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, quien este martes ha valorado la decisión como un "error desde el punto de vista estratégico", puesto que, "estos centros de coordinación nacionales tienen su razón de ser en las capitales". Según ha citado, organismos similares que funcionan en Francia, Reino Unido o Alemania están situados en París, Londres y Berlín, respectivamente.
A su juicio, este centro "nace para centralizar, para establecer políticas de coordinación en materia de salud pública a nivel nacional", y que no se constituya en el lugar donde está el Ministerio de Sanidad, "donde hay una gran concentración hospitalaria y muchísimos centros de coordinación nacionales" solo " obedece a la obsesión de Sánchez y de su Gobierno con Madrid".
A decir verdad, el movimiento que comunicó el lunes la portavoz del Ejecutivo nacional, Isabel Rodríguez, este lunes se enmarca en el plan para descentralizar instituciones del Estado y fijarlas en otros territorios distintos a Madrid, que fue aprobado mediante decreto ley en marzo. Dicha estrategia aboga por que el "Estado esté en todo el territorio" y se "generen sinergias" que favorezcan la "cohesión territorial, una manera también de favorecer la cohesión desde el punto de vista social", tal y como especificó la portavoz.
No obstante, desde la capital, no tardaron en arreciar las críticas, que, por boca de el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, acusaban al Gobierno de esconder una motivación política. "Hay que pensar en poner los centros para sacarles la máxima rentabilidad, no para compensar favores políticos que tenga que hacer el presidente del Gobierno", lanzó Escudero en alusión velada al trámite parlamentario que deberá superar la norma para salir adelante y que a buen seguro requerirá del apoyo de los nacionalistas.
"El Centro Nacional de Salud Pública tiene que tener un sentido después de lo vivido en la pandemia, que sirva para dar el máximo apoyo a la salud pública del sistema nacional de España", agregó el consejero esgrimiendo que en la Comunidad de Madrid se encuentra "la máxima actividad".
De momento, Comunidad Valenciana, Aragón y, más recientemente, Andalucía, han manifestado de manera pública su interés por albergar el centro. Al respecto, Rodríguez insistió también este lunes en que "no hay cerrada una candidatura" y avanzó que se va abrirá un procedimiento administrativo de "concurrencia competitiva" para comparar a las candidatas. De acuerdo con los dispuesto por el decreto, la sede del centro se conocerá, como máximo, en un plazo de seis meses.
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