La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha dado este miércoles por solucionados los retrasos y atascos para solicitar la tarifa regulada del gas que empezaron a producirse hace unos meses, cuando a la vuelta del verano el elevado precio del gas y la cercanía del inverno hicieron que miles de consumidores acudieran a las cuatro comercializadoras de referencia para cambiar su tarifa del mercado libre por la tarifa de último recurso (TUR), con precios fijados trimestralmente por el Gobierno y más baratos que la oferta libre más económica.
Las dificultades para contactar por teléfono y las demoras para hacer la gestión llevaron a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a investigar qué ocurría y a Ribera, a exigir a las comercializadoras que pusieran más personal para atender la avalancha de peticiones. En estos momentos, el problema parece estar ya resuelto y las compañías gestionan con "normalidad" las peticiones de hogares y comunidades para pasarse a la TUR. Eso sí, con distinto éxito. Mientras que el número de hogares individuales con la TUR1 supera en un 50% las cifras del verano pasado, la nueva TUR vecinal no llega a 5.000 abonados.
"Con arreglo a la información de que disponemos, los tiempos medios de espera y las llamadas no atendidas afortunadamente las comercializadoras de último recurso nos dicen que han pasado a quedar normalizadas. Están atendiendo mucho mejor las peticiones de cambio de tarifa de todos los consumidores", ha asegurado Ribera en una rueda de prensa para hacer balance del cuarto mes de aplicación del Plan de ahorro energético Más Seguridad.
Entre las cifras que ha ofrecido aparecen las del número de abonados a las tarifas reguladas que en los últimos meses el Gobierno ha recordado que existen o que ha creado para ayudar a los consumidores a afrontar los altos precios de la energía. El seguimiento es desigual, con muchos más hogares individuales que se han pasado del mercado libre al regulado del gas y muchas menos comunidades de vecinos que aprovechan ya la TUR vecinal.
En el primer caso, Ribera ha dicho que son 2,3 millones los hogares que tienen la TUR 1 -para un consumo de hasta 5.000 kw al año-, que son un 50% de los que había en verano del año pasado. Teniendo también en cuenta la bajada del IVA del 10 al 5% del gas, el Ministerio calcula que en este primer trimestre del año pagarán un 41% menos que sin la bajada del IVA y sin la TUR. La rebaja estimada es del 37% en el caso de quienes están acogidos a la TUR2 -con un consumo de entre 5.000 y 10.000 kw al año-, particularmente las pymes.
La que Ribera ha admitido que no termina de arrancar es la TUR4, la tarifa regulada que se creó en noviembre, dirigida a las comunidades de vecinos, solo con el compromiso de que como muy tarde en septiembre de este año habrán cambiado sus contadores de colectivos a individuales y la obligación de tener la caldera a punto.
El dato de enero fue que solo la habían tramitado 2.000 comunidades de vecinos, de los 1,8 millones de hogares que las integran por toda España. Un mes después, ha habido un incremento del 150% y "un interés creciente" por la TUR4 según lo que dicen las comercializadoras al Ministerio, pero en cifras no llegan a las 5.000.
Tampoco ha experimentado mucho más éxito la nueva tarifa electrica que también se creó en noviembre para ayudar a hogares de hasta 28.000 euros de ingresos anuales que, sin poder beneficiarse del bono social, también se ven muy afectados por la subida de los precios de la energía. Es una tarifa eléctrica que supone un ahorro de hasta el 40% de la factura y a la que de momento no se han acogido más que alrededor de 3.300 hogares, unos 2.300 hasta enero y otros casi 1.000 desde entonces.
De momento, el grado de aceptación de estas ayudas no ha agotado los 3.000 millones que el Gobierno destinó a ello. Ribera ha asegurado este miércoles que de momento no hay un "déficit" por el coste de unas medidas que se plantean como un "derecho" al que los ciudadanos pueden optar por acogerse o no.
"Estas medidas están planeadas como un derecho al que puede acceder quien quiere", ha afirmado. Sobre el pinchazo de la TUR 4, Ribera ha apuntado que "los motivos por los que se decide no acceder en gran medida tienen que ver con decisiones en conjunto de comunidades de propietarios, desde dificultades para ponerse de acuerdo a la necesidad de contar contador individual".
Según ha dicho, al Gobierno le queda "insistir en que no haya nadie que pueda ser beneficiario y no sepa que esto existe. Si deciden no acogerse, están en su derecho".
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