La futura nueva ley de residuos y suelos contaminados que prepara el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se encuentra en tramitación parlamentaria, obligará a los ayuntamientos a retirar el amianto de mayor riesgo antes del año 2028. Además, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, tendrán que elaborar un censo de los emplazamientos y las infraestructuras que cuenten con este material cancerígeno y un calendario que planifique su retirada.
Así lo recoge una autoenmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que el Gobierno de coalición está tramitando en el Congreso de los Diputados y a la que ha tenido acceso 20minutos.
La disposición adicional decimocuarta del texto rezaba que "antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Dicho censo, que tendrá carácter público, será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a gestor autorizado".
Sin embargo, la enmienda presentada el pasado miércoles 15 -último día de plazo para ello- por los dos partidos del Gobierno modifica la redacción de la 14 disposición adicional y concreta que será "en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma" cuando los consistorios deberán elaborar el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, "incluyendo un calendario que planifique su retirada". Ambos documentos deberán ser remitidos a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes, tal y como recogía el texto original.
Además, la retirada de este mineral, ampliamente utilizado en la industria de la construcción durante la segunda mitad del siglo XX y prohibido en 2002 tras reconocerse como un cancerígeno "de primer nivel", será priorizada "atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable". Y, en cualquier caso, "todas las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028", agregan. Esto quiere decir que los ayuntamientos estarán obligados a retirar los lugares públicos donde haya amianto y mayor riesgo para la salud de la ciudadanía constituyan antes del año 2028.
"Presión social"
Esta enmienda es fruto, según el Grupo de la Ley Integral del Amianto, formado por más de 40 organizaciones civiles, médicas y ecologistas, de la "presión social" porque, aseguran, "no estaba en los planes de nadie y se ha introducido el último día del plazo de enmiendas". Sin embargo, lamentan que la forma en la que está redactada es "imprecisa" y "no aborda con rigor" el problema, pues el concepto "de mayor riesgo" es interpretable. El portavoz de esta organización, Leonardo Visconti, se muestra convencido de esta ley "va a salir adelante". Con esta enmienda, calcula que ganarán "un poco de tiempo" respecto a los plazos inicialmente establecidos (antes del 1 de enero de 2023).
Esta norma es diferente a la que este colectivo lleva exigiendo desde hace tiempo la Gobierno de Pedro Sánchez, que es una Ley Integral del Amianto que gire en torno a cuatro ejes: identificación y censo de lugares donde sigue habiendo amianto y erradicación del mismo (comenzando por los centros educativos) para que España sea un país libre de amianto antes de 2028; creación de un fondo de compensación para los afectados; investigación y desarrollo de tratamientos para las enfermedades derivadas de la exposición al amianto; y tecnología para la gestión y eliminación segura de este peligroso residuo en el marco de los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea.
"En Francia ya se elimina (el amianto) con linternas de plasma y aquí en España lo enterramos bajo tierra"
El colectivo que lucha contra el amianto en España considera que esta enmienda es "un avance", aunque le falte concreción. Ellos esperaban mayor precisión de la ministra Teresa Ribera. Por ejemplo, en cuanto a la forma en la que se erradica la comúnmente conocida como uralita. "En Francia ya se elimina con linternas de plasma y aquí en España lo enterramos bajo tierra", como el tristemente recordado vertedero de Zaldívar, donde fallecieron dos trabajadores que quedaron sepultados por los escombros y su búsqueda tuvo que ser interrumpida por seguridad ante la presencia de amianto.
"El amianto vuelve a nuestras casas"
En sus propuestas canalizadas al Ministerio de Transición Ecológica se encontraba un punto más técnico y "menos conocido" por la población que ellos recalcan: "las empresas de áridos reciclados deberán aportar certificación de que los productos derivados del reciclaje de áridos están libres de amianto". El borrador de la ley de residuos no recoge nada al respecto, por el momento.
"El descontrol de la gestión de residuos de la construcción hace que ya sea demasiado tarde y que tengamos amianto en cualquier escombrera", denuncia Visconti, que critica que la ley de residuos no incremente los controles sobre los áridos reciclados. "A nadie le interesa reconocer este tema por los costes que generaría de producción, protección de los trabajadores y consumidores", añade.
"Como no hay controles, es imposible evitar que los áridos reciclados se vean contaminados por amianto"
"Lo que casi todo el mundo desconoce es que mucho del amianto ya retirado está mezclado con escombros de cocinas y baños, muchas veces de forma intencional, para facilitar esconderlo, lo cual supone una salvajada para los trabajadores y personas expuestas en la retirada, porque el fibrocemento se rompe y el amianto salta por todos los aires", denuncia Visconti.
Según explica el portavoz del Grupo de la Ley Integral de Aminato, "el tema va más allá: esos escombros mezclados son la fuente de materia prima para las empresas de áridos reciclados. Como no hay posible control mecánico ni químico, es imposible evitar que los áridos reciclados se vean contaminados por amianto, y entonces el amianto regresa a nuestras casas, en productos de áridos reciclados", advierte.
Daños para la salud del amianto
El amiento o asbesto es un mineral reconocido como cancerígeno "de primer nivel" que puede provocar enfermedades inflamatorias fibrosantes (asbestosis, una enfermedad inflamatoria que afecta a los pulmones y causa dificultad para respirar, tos y daño permanente en el pulmón) y cáncer si se inhalan las fibras que se desprenden cuando empieza a deteriorarse (tiene unos 30-35 años de vida útil) y cuando se manipula.
El mesotelioma pleural, que es un tipo de cáncer muy específico provocado por el contacto con el asbesto, es actualmente de muy mal pronóstico y no existe apenas tratamiento salvo los paliativos, según explica el neumólogo especializado Josep Tarrés, que advierte de que la incidencia de esta enfermedad actualmente sin cura sube cada año.
Según los cálculos del Grupo por la Ley Integral del Amianto, el amianto sería el responsable de entre 5.000 y 6.000 muertes al año en España. Por su largo periodo de latencia, de hasta 40-50 años, los más vulnerables son los más pequeños y jóvenes, expuestos todavía al amianto en muchos centros educativos.
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