El derecho de acceso a Internet es uno de los declarados derechos humanos fundamentales por las Naciones Unidas. Este es un motivo de peso por el que cada vez más Estados se comprometen a cerciorarse de que sus residentes puedan conectarse a este servicio digital, sin importar su situación económica u otros factores.
Recientemente, Jessica Rosenworcel, presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, afirmó que debían trabajar en que todos pudiesen disfrutar de "los beneficios de la era del Internet". Para ello, abogaba por el acceso a Internet "más que accesible y asequible".
La presidenta de la FCC comentó que EEUU prohibiría a los proveedores de servicios de Internet bloquear o regular el tránsito lícito de Internet y vender "líneas rápidas" que den prioridad a aquellos que paguen un sobrecosto.
En España, existe el Servicio Universal y la Ley General de Telecomunicaciones, destinado a cerciorarse de que Internet llega a cada rincón del país. Aunque hay ciertos peros en la normativa que hace que no sea oro todo lo que reluce. En 20Bits hemos hablado con algunas operadoras y con Jesús P. López Pelaz, director y fundador del Bufete Abogado Amigo, experto en Derecho Civil, Mercantil y Nuevas Tecnologías, para hablar del caso español.
¿Qué es el Servicio Universal?
El Servicio Universal es aquel que garantiza el acceso a Internet en España, pero tal y como señala López Pelaz, "no es la panacea" porque solo ofrecen 10 Mbps (megabits por segundo) y, hasta hace poco, solo ofrecía 1 Mbps.
"Anualmente, se atribuye a un operador la obligación de dar cobertura a este derecho –explica el profesional del Bufete Abogado Amigo-. Telefónica siempre ha sido la designada en España".
Elena Arrieta, responsable de Comunicación de Finetwork, detalla para 20Bits que, fuera del Servicio Universal, "la Ley General de Telecomunicaciones plantea que el 100% de la población tenga acceso a velocidades de 100Mbps, que obviamente están más acordes al tipo de uso digital que hace la mayoría de los usuarios". Según ella, lo importante no son tanto las velocidades mínimas, como que la conexión permita a la ciudadanía realizar tareas en Internet cotidianas, como mandar un email, comprar por plataformas de ecommerce o realizar videollamadas.
Fuentes de Telefónica cuentan para este reportaje que los principios básicos del Servicio Universal que están encomendados a ofrecer son "la disponibilidad y asequibilidad". Es decir, garantizar que llegue el Internet a velocidades de 10 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida a todos los lugares de España a un precio decente.
Actualmente, esto se ofrece por 19,99 euros al mes para un servicio de Internet y línea telefónica y por 29,99 euros para cuando no hay línea telefónica. Este Servicio Universal que están obligados a ofrecer los servicios Telefónica costó en 2021 unos 19.800.000 euros. Según fuentes de Orange, "el coste se reparte entre los operadores de telecomunicaciones, que tienen unos ingresos brutos de explotación anuales por prestar servicios de Comunicaciones Electrónicas (CCEE), superiores a 100 millones de euros".
¿Cómo garantizan que la cobertura llega a todos?
Desde Telefónica, nos explican que, para dar cobertura al derecho al acceso a Internet, llevan a cabo el despliegue de tecnología muy diversa, con por fibra, cobre, radio y satélite. De este modo, afirman que son capaces de llegar a aquellas zonas que "por alguna particularidad concreta, no puede llegar nuestra extensa red de fibra" que es la prioritaria (es Telefónica están trabajando para que esta reemplace a toda la red de cobre).
"Utilizamos el acceso fijo radio a través de tecnología móvil y, donde no llega el mismo ni la fibra, se utiliza la tecnología satelital", comentan.
Según informan los de Telefónica, "las Administraciones Públicas han desarrollado distintos planes con ayudas públicas para llevar la conectividad a la totalidad del país". Por ejemplo, para el despliegue de fibra óptica (proyecto PEBANG y proyecto Único), para el desarrollo del backhaul del 5G y las subvenciones del equipo y la instalación para garantizar la conectividad satelital donde no llega ni la fibra ni la red móvil.
Sin embargo, como informan desde Orange, las ayudas del Gobierno "no están directamente relacionadas con la prestación del Servicio Universal, sino con el despliegue de redes de nueva generación" (citadas por Telefónica).
Telefónica es consciente de que las velocidades del Servicio Universal no son las idóneas y, por ello, trabajan en que llegue más cobertura a las áreas rurales o de difícil acceso. Lo hacen a través de la fibra, que "permite velocidades muy superiores", y los "accesos fijo radio de tecnología 4G y 5G" y conectividad satelital.
"La red de fibra alcanza más del 90% de la población -aseguran desde la teleoperadora-. Se encuentra en el proceso de extender su cobertura a las zonas más rurales y aisladas en cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por los operadores en los planes de ayudas al despliegue".
Opciones asequibles
Más allá del Servicio Universal, existen promociones especiales también económicas que brindan más velocidad de conexión para los lugares en los que hay cobertura suficiente. Arrieta menciona que el precio se ha convertido en un factor importante en las decisiones de compra, sobre todo con la inflación que está afectando a la mayoría de los sectores. Aunque "muchos usuarios escogen una operadora atraídos por una oferta, si se quedan con ella, es porque esta les ofrece algo más que solo buen precio", considera la responsable de Comunicación de Finetwork. En su empresa, disponen del Plan Amigo, en el que tanto el cliente como la persona que traiga cobran 15 euros y, además, permiten acumular los gigabytes que no se gasten y compartirlos con otros clientes.
Por otro lado, Telefónica "ofrece unas tarifas reducidas para garantizar la inclusión digital" en los colectivos más vulnerables "de forma que nadie se quede atrás en la transformación digital". Las personas que entran en su abono social son los jubilados, pensionistas o los que reciben pensión privada reconocida por resolución judicial, que estén en unidades familiares que no superen los 10.080 euros anuales y que el domicilio de instalación coincida con el domicilio de empadronamiento del titular.
En el caso de Vodafone, disponen de tarifas sociales accesibles a jóvenes de menos de 30 años que estén en búsqueda activa de empleo, a familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y a titulares jubilados o pensionistas mayores de 65 años, cuya suma de ingresos y rentas no supere los 9.728,54 euros anuales. Cuentan con la tarifa 'Vodafone Conectados móvil', con 30 GB y llamadas nacionales ilimitadas, y 'Vodafone Conectados convergente', con 30 GB, llamadas nacionales ilimitadas en móvil y un router 4G para navegar de forma ilimitada.
Por parte de Orange, también tienen una tarifa social que lanzaron en 2020 "adaptada a las necesidades y a la capacidad económica de los hogares con menos recursos". Ofrecen acceso a Internet con fibra simétrica 500 Mbps, línea fija, con llamadas ilimitadas a fijos nacionales, y una línea móvil, con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales y un bono de 3GB de datos para navegar a máxima velocidad, y sin permanencia.
Esta última operadora cuenta, además, con un proyecto denominado 'gigas solidarios', que da una "conectividad mínima" a los hogares que no se lo pueden permitir por dificultades económicas.
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