Hacienda puede controlar de forma legal a los usuarios gracias a la geolocalización del smartphone y la tasa Google. La Agencia Tributaria empezó a utilizar dicha herramienta para 'espiar' a los contribuyentes, además, es importante mencionar que esta acción es completamente legal.
La ley obliga a las plataformas digitales a rastrear la ubicación de sus clientes para saber dónde compran y para cobrar las ventas que se efectúen en España.
Pero, ¿qué es la tasa Google? Este Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales entró en vigor el pasado 16 de enero de 2021 y es aplicable para las compañías que facturen más de 750 millones de euros a nivel internacional y cuyos ingresos superen los tres millones de euros en nuestro país.
Durante el primer año de aplicación, la Agencia Tributaria controló las operaciones de 216 plataformas digitales con un valor de 8.000 millones de euros. El objetivo consistió en vigilar la ubicación para enviar a Hacienda los registros de las transacciones nacionales con el fin de liquidar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Así espía la Agencia Tributaria
El espionaje de la Agencia Tributaria tiene el objetivo de luchar contra el fraude fiscal. Para llevar a cabo dicho control, Hacienda se ampara en la tasa Google y en el apartado 4 del artículo 7 del real decreto:
"Se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización".
Las plataformas digitales determinan desde dónde se ha producido la compra y difunden la información con Hacienda, así pues, la administración corrobora que las empresas están tributando su parte correspondiente en España.
Para identificar la ubicación de una persona se puede emplear la identificación de redes, la geolocalización física por satélite o GPS y el sistema de comunicaciones inalámbricas.
Se han manifestado las primeras quejas
La Asociación Española de la Economía Digital critica que este método es de complicada aplicación y supone una pérdida de privacidad para los contribuyentes.
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