En una democracia el estado es de los ciudadanos, y no a la inversa. De lo cual se deduce que la información del estado debe ser de todos, puesto que ha sido recopilada de los ciudadanos y pagada por los ciudadanos mediante sus impuestos. Toda la información debe ser libre y abierta, puesto que no pertenece al estado, sino a los ciudadanos. Esto implica que en ausencia de muy buenas y justificables razones, cada dato, cada número, cada mapa, cada ley y cada instancia tendría que estar de modo natural accesible a quien quiera verla. Contra la natural tendencia del político y el burócrata a ocultar y censurar, el estado democrático debe ser un panopticón: totalmente transparente, de modo que los ciudadanos puedan saber qué hacen sus representantes y empleados. Por eso en otros países existen leyes que garantizan el acceso público a la información estatal. Por eso en España debería haber una ley así, que exija que los datos generados por la administración sean públicos y del dominio público.

Y eso incluye por necesidad el que esa información esté en formatos abiertos que no puedan ser monopolizados por una empresa o limitados por una decisión comercial. La comunicación con el estado no puede privilegiar a una empresa sobre las demás; no puede pagar tributo obligatorio. Los datos del estado deben ser públicos y abiertos, en formatos públicos y abiertos, para que todos podamos acceder a ellos; para que puedan surgir mil nuevas formas de relación entre los ciudadanos y el estado. El futuro lo exige así. La libertad lo exige así. ¿Qué harán nuestros partidos, tan combativos en otras áreas?