La industria discográfica de EE UU, a través de un juez, ha enviado un mensaje a la comunidad internauta: un recado que demuestre su postura respecto al intercambio de ficheros entre iguales (P2P). Y lo ha hecho con una multa a una madre de dos hijos: 6.600 euros por cada una de las 24 canciones pirateadas que encontraron en su ordenador. En total la multa alcanza los 156.000 euros, que en pesetas es el precio de un piso en España (26 millones). La multada no ha puesto en peligro la vida o la honra de nadie, ni arrebatado el pan de un bebé, ni apaleado a un gato. No: lo que ha hecho (ella misma o alguno de sus protocriminales hijos) ha sido compartir música: poner canciones a disposición de terceros para que las copien y las escuchen. Este abominable proceder ha sido debida y drásticamente castigado, demostrando que la industria discográfica no se para en barras a la hora de defender sus derechos. Por si los más de 26.000 pleitos que ha puesto ya en los EE UU no lo hubiesen dejado claro. Y luego dirán que la gente les odia, cuando lo único que hacen es mandar mensajes. Es cierto que las leyes hay que cumplirlas hasta que se consiguen cambiar, pero esto es ridículo y debería servir como aviso, a los demandantes y a los potenciales demandados, de que este camino es absurdo. Así no hay manera de defender propiedad intelectual alguna. ¿Y si no puede pagar? ¿La meterán en la cárcel por compartir música? ¿A ella, y a cuántos más?